Por los Juanes del TSJDF y la Asamblea

 

Albazo a López Obrador

 

Por CARLOS SODI SERRET *

 

HOY, 29 de enero de 2003, se ha decidido propinarle un albazo a AMLO. El descontón fue concertado entre Juan José Castillo Mota, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, y otros diputados de los diversos partidos, y creo que hasta de los perredistas. Se planeó, de modo secreto, con el presidente del TSJDF, Juan Luis González Alcántara, y cuates de éste, cual resulta Manuel Díaz Infante, a quien esos mismos diputados acaban de obsequiarle la chamba de consejero en la caricaturesca Judicatura del DF, con los envidiables ingresos que eso le representa, y sin gran agobio. El hecho que se consumará hoy es la aprobación, con "dispensa de trámites", de las modificaciones a la Ley Orgánica del TSJDF, lo que fue cocinado desde fines de 2001 mareando a ingenuos como el que esto escribe, quien acudió a algún foro para exponer los errores de entonces, que son los mismos, pero agravados.

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EL proyecto actual lo obtuve el lunes en la noche, por lo que lo estudié aceleradamente, compartiéndolo con fuerte gripe. Comentar las atrocidades que destellan, es fácil, pero faltan otras de mayor trascendencia, ocultas en la planeación infernal que se llevó en sigilo, que ameritaría más tiempo y espacio. Sin embargo, mencionaré las más obvias y ofensivas. Como González Alcántara y sus cuates tienen el tintingo de crear empleos, muchas chambas "administrativas", que cuenten con su partida presupuestal en favor de directores, subdirectores, jefes de oficina, asesores, mecanógrafas y demás empleados menores, lo que seguramente le ha ocultado a AMLO, hoy lo ha conseguido con el desaguisado que será aprobado, con la participación de los diputados defeños. Le proporcionará a AMLO el placer de que le destine mayor presupuesto, que AMLO desembolsará acatando la voluntad de la soberanía popular encabezada por Castillo Mota y demás ilustres legisladores. Desde luego que todas las oficinas que desean González Alcántara y sus amigos son innecesarias, pero viste mucho engordar la burocracia. Además, así ayudará a necesitados que le quedarán eternamente agradecidos, así como varios diputados de hoy que quizá mañana como cesantes ocupen algunos de esos oficios. El gran orgullo de los defeños es que pagaremos a más inútiles que enrarecerán y pudrirán más al ya corrupto TSJDF, obligándonos a acudir a las direcciones creadas de Orientación Ciudadana, o de Derechos Humanos, de Comunicación Social, o a una Dirección Jurídica. Parece que ninguno de los 49 magistrados y casi 600 jueces, o los siete del Consejo de Caricatura son abogados y por eso requieren de esa Dirección Jurídica. En fin, en lo particular resalta el artículo tercero transitorio que autoriza al Consejo para que las economías (ahorros) del Presupuesto de 2003 se inviertan en Fondo para el Retiro que al efecto se creará. Ni en la ley actual ni el proyecto se considera que el Consejo rinda cuentas del dinero que recibe. Mal pensados han estimado que la falta de sillas, escritorios, computadoras, locales sanitarios, etc., en el TSJDF, son por lo ahorrativo de los consejeros.

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TAMBIEN brinca a los mal pensados la reforma al artículo 127, que permitirá, a la parte que obtenga sentencia favorable, que en la misma también se determine la cantidad precisa que le pague por costas su contrario, y que esa suma la pueda ceder a un tercero. Dicen que será forma de encubrir sobornos a ciertos jueces y magistrados malandrines que sugieran al que favorecerán el nombre del tercero a quien se le cedan las costas. Implantan antidemocráticamente la carrera judicial, sólo para los suertudos que iniciarán y enseñarán para ser los jurisconsultos del futuro. Impiden el ingreso de abogados litigantes. Generaron una que otra violación a la Carta Magna, al suprimir el jurado popular. Niegan derecho a la información, salvo para quienes ellos quieran. Cobran por servicios que deben ser gratuitos. Al parecer, esas y otras minucias parecidas, para los tocayos Juan Luis y Juan José, son intrascendentes, superables porque sólo afectan a los gobernados. La Ley Orgánica actual, de 1996, la redactó a su interés el entonces presidente del TSJDF, Jorge Rodríguez, previendo su reelección. Ahora su sucesor se la impide porque hace su propia ley. Como en el juego de Juan Pirulero, cada quien atiende a su juego. En la conspiración contra AMLO, creo que también bailaremos.

 

* Abogado y maestro

csodi@sodiyasociados.com