Ayuda Para los Migrantes

 

LA tarjeta de identidad extendida por los consulados mexicanos en la Unión Americana y aceptada ya, en 13 estados de ese país, por 74 bancos y 800 dependencias policiales, no es un documento para proteger a los indocumentados ni una patente de corso para la comisión de actos ilícitos. Es un intento del gobierno mexicano por procurar a nuestros connacionales algunas facilidades en su vida, de suyo complicada, en el vecino país.

Una organización no gubernamental de Washington, el Centro de Estudios de Inmigración, argumenta supuestos riesgos con el uso de esa matrícula consular, al grado de demandar su cancelación. Equivale, dicen, a una amnistía. Es exagerada esa prevención, frente a la realidad de un cada vez más lejano acuerdo migratorio entre los dos países, y menos aun cualquier disposición semejante a una amnistía, claramente desechada por las autoridades gubernamentales y legislativas de EU. Aducen los oponentes al funcionamiento de la tarjeta consular la amenaza de que otros gobiernos, cuyos connacionales también se encuentran en la Unión Americana, demandarán un trato similar. El argumento cae por tierra porque son las instituciones bancarias -y no pocas-, así como las autoridades policiacas, las que han aceptado la operación de ese instrumento, precisamente para regularizar una parte de las actividades de millones de mexicanos, al permitírseles, entre otras facilidades, abrir cuentas corrientes y obtener licencias de conducir.

En la relación entre México y Estados Unidos, quiérase o no, está presente el fenómeno migratorio, reconocido como una realidad inevitable y cuyas consecuencias, independientemente de los problemas por él generados, son también un beneficio para una necesidad de la economía estadunidense en su demanda de fuerza de trabajo. El rechazo terminante a todo cuanto pueda mejorar esa relación es, aparte de injusto, una expresión del más exarcebado espíritu discriminatorio en perjuicio de México.